En la actualidad, el uso de datos personales es cada vez más común y su transferencia y tratamiento es una práctica habitual en muchas empresas y organizaciones. Sin embargo, el acceso y uso no autorizado de estos datos puede dar lugar a graves consecuencias legales, tanto civiles como penales. En este artículo examinamos las responsabilidades civiles y penales que existen en caso de uso no autorizado de datos personales.
Antes de entrar en detalle sobre las consecuencias de un uso no autorizado de datos personales, es importante definir qué se considera un dato personal. Según la normativa sobre protección de datos, se considera dato personal cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable. Esto puede incluir su nombre, dirección, número de identificación, correo electrónico, entre otros.
El acceso y uso no autorizado de datos personales puede dar lugar a un daño a terceros, lo que significa que el responsable podría ser demandado por daños y perjuicios. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece que cualquier persona física o jurídica que haya sufrido un daño material o moral como resultado de una infracción del RGPD tiene derecho a recibir una compensación del responsable del tratamiento de los datos.
El daño puede ser difícil de cuantificar y dependerá de las circunstancias particulares de cada caso. Por ejemplo, si se revelan datos médicos privados de una persona, puede haber un daño moral que sea difícil de medir. En cambio, si se divulga una información que daña la reputación de una persona, puede ser más fácil de demostrar la existencia de un daño y cuantificar el importe de la indemnización correspondiente.
El uso no autorizado de datos personales también puede tener consecuencias penales. En España, el Código Penal establece que quien acceda o se mantenga en un sistema informático de otra persona sin autorización, y con el fin de obtener datos o información protegidos, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses.
Además, el Código Penal también establece el delito de revelación de secretos, que puede ser aplicable si el acceso no autorizado de datos personales da lugar a la divulgación de información privada o confidencial. Este delito puede ser castigado con pena de prisión de uno a cuatro años y multa.
La empresa u organización responsable del tratamiento de los datos personales también puede ser considerada como responsable por el uso no autorizado de datos personales. Es decir, la empresa puede ser demandada tanto por daños y perjuicios como por delitos penales, si se demuestra que no se han adoptado las medidas de seguridad necesarias.
La empresa tiene la responsabilidad de implementar medidas de seguridad adecuadas para garantizar la protección de los datos personales que se tratan. El RGPD establece que las empresas deben implementar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo de las operaciones de tratamiento y la naturaleza de los datos tratados. Si no se cumplen estas medidas de seguridad, la empresa puede ser considerada responsable de cualquier infracción de protección de datos.
En definitiva, el uso no autorizado de datos personales puede tener graves consecuencias para el responsable del tratamiento de los datos, tanto a nivel civil como penal. Es importante tener en cuenta que cualquier persona física o jurídica que sufra daños como resultado de una infracción de protección de datos tiene derecho a ser compensada. Las empresas y organizaciones que traten datos personales deben implementar medidas de seguridad adecuadas para evitar cualquier acceso no autorizado a estos datos y proteger su privacidad.