La autorización de residencia por arraigo social es un procedimiento que permite a un extranjero que se encuentre en España de manera ilegal obtener su permiso de residencia y trabajo. Esta figura del derecho migratorio surge como respuesta al hecho de que, en muchos casos, los inmigrantes se ven obligados a permanecer en el país sin un permiso o, incluso, después de que este haya vencido.

El arraigo social se basa en que, tras un periodo mínimo de tiempo en España, se considera que la persona ha desarrollado una serie de vínculos y relaciones con el país que justifican su permanencia en él. Así, se parte de la premisa de que llevar a cabo una expulsión tendría un impacto negativo en la vida del solicitante, así como en su entorno más cercano.

Para ser beneficiario de esta autorización, el interesado deberá demostrar que lleva residiendo en España al menos durante tres años ininterrumpidos, que tiene vínculos familiares en el país, que ha hecho una integración social efectiva, que está empadronado en España y que tiene asegurada la vivienda.

La autoridad competente es la Oficina de Extranjería y su concesión está regulada por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LO 4/2000).

En términos generales, podemos identificar dos vías para solicitar la autorización de residencia por arraigo social. La primera de ella se basa en el arraigo laboral, esto es, cuando se tenga vínculo laboral con algún empresario o persona que quiera contratar al arraigado. La segunda vía es la del arraigo social en sí mismo, esto es, si la persona tiene una arraigo efectivo en el país y cumple con los requisitos mencionados anteriormente.

Importante mencionar que el arraigo social no es un derecho subjetivo del solicitante, su concesión o denegación dependerá en gran medida de la valoración del caso particular por parte de la autoridad competente. Es importante destacar que la autoridad puede valorar que el solicitante cumple con los requisitos pero todavía no existen suficientes elementos para concederle la autorización.

En cualquier caso, la obtención de la autorización de residencia por arraigo social implica una serie de beneficios para el solicitante, entre ellos el derecho al trabajo. El permiso de residencia y trabajo concedido tiene una duración de dos años y puede ser renovado por periodos sucesivos de igual duración.

No obstante, cabe tener en cuenta que no todos los extranjeros pueden acogerse a la figura del arraigo social. Las personas que se encuentran en situación irregular en España pero que no cumplen con los requisitos exigidos para el arraigo social, o las personas que tienen un permiso de residencia que ha expirado, tendrán que buscar alternativas legales para regularizar su situación migratoria.

En resumen, el arraigo social supone una oportunidad para aquellas personas que se encuentran en España de manera ilegal pero que han forjado vínculos con el país. A través de este procedimiento, tienen la posibilidad de regularizar su situación migratoria, obtener su permiso de residencia y trabajo y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la concesión de esta autorización no es un derecho, por lo que es importante contar con la asesoría de expertos en derecho migratorio para maximizar las posibilidades de éxito en el proceso.